La DGT condenada a devolver multas y puntos por no aplicar los márgenes de error de los radares

 

Desde mayo de 2010 se han impuesto más de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra vuelve a cuestionar las multas y la detracción de puntos impuestas por la y fija los criterios que deben utilizarse como punto de referencia para los próximos litigios que se juzguen en Galicia.

Cada vez son más numerosas las sentencias judiciales que están condenando a la Dirección General de Tráfico a anular o reducir las multas económicas y la detracción de puntos impuestas por superar los límites de velocidad, al no aplicar correctamente los márgenes de error de los radares. Sólo en el último año, la organización de defensa de los conductores, AEA, ha obtenido en defensa de los intereses de sus socios más de un centenar de sentencias favorables, siendo la última la dictada el pasado 22 de enero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra que, con la finalidad de unificar criterios, considera que la velocidad captada por los radares y que aparece sobreimpresionada en las fotografías debe corregirse en función del margen de error del cinemómetro.

Sobre esta cuestión la sentencia reconoce que, distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo están adoptando criterios y soluciones dispares, poniéndose así en evidencia una situación de inseguridad jurídica en esta jurisdicción contencioso-administrativa, al no existir en principio la posibilidad de que la Sala 3ª del Tribunal Supremo con su jurisprudencia aclare y unifique el criterio a seguir (dada la pequeña cuantía de cada uno de estos pleitos). Sin embargo, la sentencia establece que el criterio correcto que debe seguirse de ahora en adelante es que debe corregirse en cada caso la velocidad detectada por el radar, aplicando a la baja el índice máximo de error admisible según la mencionada Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre.

Es decir, que si la velocidad del vehículo detectada por el cinemómetro es igual o inferior a 100 km/h, deben restársele 5 km/h si la medición la realizó en posición estática o 7 km/h si la efectuó desde vehículo en movimiento. Y si la velocidad supera los 100 km/h se aplicarán, respectivamente, los porcentajes del 5 o del 7%, ya que, como se indica en la sentencia: “Es la única manera de evitar que se pueda llegar a sancionar a quien en realidad, por los mencionados errores de medición, no ha llegado a cometer el hipotético exceso de velocidad detectado por el aparato, aplicándose así el principio – in dubio pro reo – característico del derecho penal y del administrativo sancionador.”

Sin embargo, y a pesar de las advertencias de la citada asociación, las distintas Admnistraciones con competencia en materia de tráfico (DGT, Servei Català de Tránsit y Gobierno Vasco) siguen imponiendo sanciones y detracción de puntos que, conforme a las reiteradas resoluciones judiciales, son ilegales. Por lo que se calcula que desde mayo de 2010 se han impuesto en más de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial lo que ha generado a la unos ingresos extra de doscientos millones de euros. Además, consideramos que con la reciente reducción de los límites de velocidad a 90 km/h. en las carreteras convencionales la imposición ilegal de este tipo de multas se podría triplicar.

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